Panamá, 14 de abril de 2020 — La pandemia de COVID-19, al igual que otras crisis de salud, expone las desigualdades existentes y afecta desproporcionadamente a las personas ya criminalizadas, marginadas y que viven en situaciones financieras precarias, a menudo fuera de los mecanismos de protección social en América Latina y el Caribe.

Las trabajadoras sexuales de la Región están experimentando dificultades, una pérdida total de ingresos y una mayor discriminación y acoso. La criminalización de varios aspectos del trabajo sexual en gran parte de los países da pie a la magnificación de la ya precaria situación de las trabajadoras sexuales en la economía informal. Como las trabajadoras sexuales y sus clientes se auto aíslan, ellas quedan desprotegidas, y como resultado son cada vez más vulnerables y no pueden mantenerse a sí mismas ni a sus familias.

“ONUSIDA hace un llamado a los países a que tomen medidas inmediatas y críticas, basadas en principios de derechos humanos, para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales en el contexto del COVID-19. La solidaridad en América Latina y el Caribe para hacer frente al impacto de la pandemia ha sido vital, pero tenemos que estar seguros de que esa respuesta solidaria, incluso en los tiempos de crisis, incluya a las trabajadoras sexuales. Ellas, a su vez, son grandes aliadas en la lucha contra el SIDA, pero son más vulnerables ante las crisis. Proteger sus derechos humanos es un imperativo de salud pública, y no debemos olvidar que reduce el riesgo de infección por VIH”, manifiesta el Director Regional de ONUSIDA, Dr. César Núñez.

En América Latina y el Caribe, la Red de Trabajadoras Sexuales (RedTraSex) está trabajando para mitigar las dificultades y preocupaciones que éstas enfrentan, y piden a los Estados que se les garantice el respeto y sus derechos humanos.

Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva de RedTraSex, hace un llamado para que se les incorpore en las soluciones Regionales ante el COVID-19. "Esta crisis, que no afecta a todos por igual, estoy profundamente orgullosa y agradecida de mis compañeras trabajadoras sexuales por la solidaridad, por la ayuda desinteresada que están dándole a nuestras pares. No tenemos que olvidar que más del 90% de las trabajadoras sexuales somos jefas de hogar, y por lo tanto tenemos encima toda la estructura desigual. Si tenemos sustento para nuestros hijos o no, depende de nuestro trabajo. Sobre todo, en este tiempo de crisis, estoy orgullosa de que tengamos un movimiento solidario como lo es REDTRASEX. Hacia allá tienen que caminar las respuestas de los Estados con las trabajadoras sexuales", dijo Reynaga.

ONUSIDA para América Latina y el Caribe, también está preocupada por las dificultades económicas que están viviendo las trabajadoras sexuales, y hace un llamado a que se les integre y considere en las medidas de protección social que se están tomando en la Región, así mismo expresamos nuestra preocupación por los arrestos y amenaza de deportación de trabajadoras sexuales migrantes.

ONUSIDA hace un llamado a los países para que tomen medidas inmediatas y críticas, basadas en principios de derechos humanos, para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales. Las medidas deben incluir:

• Acceso a esquemas nacionales de protección social para trabajadores sexuales, incluidos esquemas de apoyo a los ingresos.
• Una barrera inmediata entre los servicios de salud y las autoridades de inmigración para garantizar que las trabajadoras sexuales migrantes puedan acceder a los servicios de salud.
• Apoyo financiero de emergencia para las trabajadoras sexuales que enfrentan la indigencia, en particular los migrantes que no pueden acceder al apoyo financiero basado en la residencia.
• El fin inmediato de los desalojos y el acceso a viviendas de emergencia apropiadas para trabajadoras sexuales sin hogar.
• Detener las redadas en los hogares de las trabajadoras sexuales y los locales de trabajo sexual y garantizar que todas las medidas para proteger la salud pública sean proporcionadas.
• Un cese inmediato de los arrestos y enjuiciamientos por actividades relacionadas con el trabajo sexual, alejándose de las medidas punitivas y la criminalización para llegar y servir a los más necesitados.
• El fin inmediato del uso del derecho penal para hacer cumplir las restricciones relacionadas con la COVID-19, incluidas las pruebas forzadas de COVID-19 y los enjuiciamientos relacionados.
• Las extensiones automáticas en las visas debido a su caducación a medida que se ajustan las restricciones de viaje. Los sistemas de detención de inmigrantes deben apoyar a los detenidos en alojamientos seguros.
• La participación de las comunidades de trabajadoras sexuales en las respuestas: la participación significativa de organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales en grupos de planificación de salud pública de emergencia. ONUSIDA, como siempre, está lista para apoyar a los países en la implementación de las recomendaciones anteriores.

Versión PDF