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ONUSIDA condena el mal uso y abuso de los poderes de emergencia para atacar a las poblaciones marginadas y vulnerables

comunicado int new

 

GINEBRA, 9 de abril de 2020: ONUSIDA está profundamente preocupada por los informes de que la epidemia de COVID-19 se está utilizando como una excusa para atacar a las poblaciones marginadas y vulnerables, restringir el espacio de la sociedad civil y aumentar los poderes policiales. En particular, ONUSIDA está extremadamente preocupada por los informes de nuevas leyes que restringen los derechos y libertades y van dirigidas a los grupos criminalizados de una manera que dañará los derechos y la salud de las personas que viven o son vulnerables al VIH.

“En tiempos de crisis, los poderes de emergencia y la agilidad son cruciales; sin embargo, no pueden costar los derechos de los más vulnerables", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. “Los controles y equilibrios que son la piedra angular del estado de derecho deben ejercerse para evitar el mal uso de tales poderes. Si no, podemos ver una reversión de gran parte del progreso realizado en los derechos humanos, el derecho a la salud y la respuesta al SIDA".

La experiencia de epidemias pasadas y presentes muestra claramente que una respuesta efectiva a crisis de salud como COVID-19 debe estar profundamente arraigada en la confianza, la solidaridad humana y el respeto inquebrantable por los derechos humanos. Sin embargo, recientemente han surgido informes de que algunos países están utilizando poderes de emergencia o justificaciones de salud pública para restringir los derechos relacionados con la autonomía personal, la identidad de género, la libertad de expresión y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. También ha habido informes preocupantes de aumentos en las sanciones penales en relación con la transmisión, exposición y no divulgación del VIH y el uso de poderes policiales para atacar, a través de arrestos y brutalidad, a grupos vulnerables y criminalizados, como trabajadores sexuales, personas que usan drogas, personas que viven con VIH y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

En Hungría, se ha presentado un nuevo proyecto de ley para eliminar el derecho de las personas a cambiar su género y nombre en los documentos oficiales a fin de garantizar la conformidad con su identidad de género, en clara violación de los derechos humanos internacionales al reconocimiento legal de la identidad de género.

En Polonia, se aprobó una enmienda acelerada a la ley penal que aumenta las penas por exposición al VIH, no divulgación y transmisión a al menos seis meses de prisión y hasta ocho años de prisión, una clara violación de las obligaciones de los derechos humanos internacionales de eliminar las leyes penales específicas del VIH.

A ONUSIDA le preocupan los informes de países que recurren al uso del derecho penal, como la penalización de la transmisión de COVID-19, y el arresto y detención de personas por infringir las restricciones. Nuestra experiencia en la epidemia del VIH es que la criminalización de la transmisión del virus conduce a violaciones significativas de los derechos humanos, socava la respuesta y no se basa en la ciencia. La capacidad de probar la transmisión real de una persona a otra, así como la intención necesaria, es casi imposible y no cumple con los requisitos del estado de derecho para la criminalización. La criminalización a menudo se implementa contra comunidades vulnerables y estigmatizadas. En Uganda, 23 personas conectadas con un refugio para proporcionar servicios a la comunidad LGBTI han sido arrestadas, 19 han sido acusadas de un acto negligente que probablemente propague infección o enfermedad. Esos 19 están detenidos en prisión sin acceso a un tribunal, representación legal o medicamentos.

A ONUSIDA también le preocupan los informes de varios países sobre la brutalidad policial en la aplicación de medidas, el uso de la violencia física y el acoso y el ataque a grupos marginados, incluidas las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas y las personas sin hogar. El uso del derecho penal y la violencia para hacer cumplir las restricciones de movimiento es desproporcionado y no se basa en pruebas. Se sabe que tales tácticas se implementan de manera discriminatoria y tienen un efecto desproporcionado en los más vulnerables: personas que por cualquier motivo no pueden quedarse en casa, no tienen un hogar o necesitan trabajar por razones de supervivencia.

En Kenia, las organizaciones de la sociedad civil, motivadas por las preocupaciones sobre acciones que no son consistentes con una respuesta epidémica basada en los derechos humanos, emitieron una opinión consultiva pidiendo que se adopte una visión basado en los derechos humanos en la respuesta COVID-19 y han publicado una carta pidiendo un enfoque en la participación de la comunidad y lo que funciona para la prevención y el tratamiento en lugar de enfoques desproporcionados y coercitivos.

Si bien algunos derechos pueden estar limitados durante una emergencia para proteger la salud y la seguridad públicas, dichas restricciones deben ser para un objetivo legítimo, en este caso, contener la pandemia de COVID-19. Deben ser proporcionales a ese objetivo, necesarios, no arbitrarios, basados ​​en pruebas y legales. Cada orden/ley o acción de la policía también debe ser revisada por un tribunal de justicia. Las facultades de aplicación de la ley también deben definirse de manera estricta, proporcionadas y necesarias.

ONUSIDA insta a todos los países a garantizar que las leyes y poderes de emergencia se limiten a un período de tiempo razonable y sean renovables solo a través de procesos parlamentarios y participativos apropiados. Deben establecerse límites estrictos sobre el uso de los poderes policiales, junto con una supervisión independiente de la acción policial y los recursos a través de un mecanismo de responsabilidad. Las restricciones a los derechos relacionados con la no discriminación en base al estado del VIH, la salud sexual y reproductiva, la libertad de expresión y la identidad de género detalladas anteriormente no ayudan con la respuesta COVID-19 y, por lo tanto, no tienen un propósito legítimo. ONUSIDA hace un llamamiento a los países para que deroguen cualquier ley establecida que no pueda decirse que tenga el objetivo legítimo de responder o controlar la pandemia de COVID-19.

 

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el Sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia del Sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

 

CONTACTO

ONUSIDA para América Latina y el Caribe | Eduardo Batista | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.