^{© ONUSIDA/Ramón Lepage}

En el mes de diciembre se conmemoran el Día Mundial del Sida (1ro de diciembre) y el Día Internacional del Migrante (18 de diciembre). Ambas fechas nos convocan a mirar con atención la situación de los flujos mixtos que salen de Venezuela y que representan la mayor movilización de personas de la historia de Latinoamerica y el Caribe: hay más de 4,8 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en todo el mundo, de los cuales 3,9 millones se encuentra en países de la región.

Las motivaciones de esta movilización son diversas, pero destacan aquellas vinculadas a temas de atención en salud, como el VIH/sida que obliga a las personas a buscar acceso a tratamiento antirretroviral y a servicios de salud que garanticen su vida.

Muchas de las personas con VIH son mujeres, jovenes y niñas, quienes en contextos de movilidad se convierten en uno de los grupos más vulnerables.

Aunque los marcos legales estipulan que las personas refugiadas y migrantes tienen iguales derechos, el flujo mixto de personas procedentes de Venezuela ha superado las capacidades nacionales, lo que ha impedido una respuesta oportuna y eficiente.

La movilidad y las limitaciones para regularizar el estatus migratorio y las condiciones de pobreza, limitan, entre otras cosas, el acceso a los sistemas de salud y a medicamentos.

En el caso de las personas migrantes y refugiadas que viven con VIH esta situación es particularmente grave, porque la falta de tratamiento antirretroviral y la poca información disponible pueden poner en riesgo su vida y afectar el curso de la epidemia en la región.

Este es el caso de Iva J. que a los 23 años salió de San Francisco, estado Zulia (Venezuela) con sus dos hijos y embarazada, tras la muerte de su esposo por causas asociadas al sida.

“Él se empezó a poner mal, a perder peso, a sentirse cada vez peor. Todo lo que comía le caía mal y así se fue poniendo mal, mal… hasta que se murió cuando yo tenía 5 meses de embarazo de la niña”, comenta Iva.

Debido a la falta de pruebas, el diágnostico de VIH en Venezuela solo se realiza a través de servicios privados. Cuando las personas no pueden cubrir ese gasto, es imposible que conozcan su estado serológico. Iva nunca pudo saber si ella también vivía con VIH.

Su hermana que reside en Ocaña (Colombia) desde marzo de 2018, le pidió que se fuera a vivir con ella, tras enterarse de la muerte de su cuñado.

“Supuse que si él se había muerto de sida, ella también estaba enferma, así que le dije que se viniera a vivir aquí para que empezara a tomar los medicamentos…”, dice la hermana de Iva y continúa: “…el problema es que ella viajó por carro con los dos niños y embarazada, así que el parto se le adelantó y cuando tuvo a la bebe no le hicieron la prueba para saber si ella también la tenía, así que parió y amamantó a la niña”.

“No sabemos cómo se enfermó la bebe, si fue cuando la tuvo o porque le dió pecho. Lo que pasa es que nadie nos dijo que no podía darle pecho...”, añadió.

La transmisión materno-infantil del VIH puede evitarse, pero la falta de información y las limitaciones de acceso a servicios de salud para personas refugiadas y migrantes en los países de tránsito o acogida, siguen siendo una barrera que propicia la desprotección y además, impide la integración social, económica y cultural.

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Se estima que el 76% de las mujeres embarazadas que viven con el VIH en América Latina y el 86% en el Caribe, recibieron tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión de madre a hijo en 2018 lo cual es una buena noticia. Sin embargo, hay muchas mujeres refugiadas y migrantes que no pueden ni siquiera acceder a los servicios debido a su estatus migratorio lo que impide que puedan recibir tratamiento estando embarazadas.

Por eso, la transmisión materno infantil sigue siendo un desafìo, especialmente para los Estados que limitan los servicios de salud asociándolos al estatus migratorio, puesto que esto tiene consecuencias directas sobre la vida de las mujeres refugiadas y migrantes que viven con VIH y están embarazadas.

Nuestra región necesita trabajar en politicas públicas focalizadas que incluyan la disponibilidad de tratamiento para el VIH, lo que beneficiaría no sólo a las personas refugiadas y migrantes, sino que también protegería a los países anfitriones de la transmisión, contribuyendo al logro de sus compromisos con las metas de acción acelerada 95-95-95 y con la eliminación del sida para 2030.

El caso de Iva, una mujer con mayor vulnerabilidad por su condición de VIH, viuda y migrante a cargo de tres niños, nos recuerda que no estamos llegando a todas las personas que lo necesitan y que debemos apuntar con mayor eficacia para que nadie se quede atrás.

Desde el año 2010, el número de muertes anuales relacionadas con el sida en todo el mundo se redujo en más de un tercio, pasando de 1,2 millones a 770.000 en 2018, gracias al acceso a servicios de salud y medicamentos que permitieron que las personas que viven con VIH tuvieran una mejor calidad de vida. Hoy en día, ésto debe incluir a las personas migrantes y refugiadas, para que nadie muera por causas asociadas al sida, especialmente si son mujeres y niñas.

La esperanza está en las comunidades que marcan la diferencia

Donde los gobiernos no logran ofrecer respuestas oportunas, la capacidad de movilización de las organizaciones comunitarias es clave. Este año el lema del Día Mundial del sida ha sido “Las comunidades marcan la diferencia” y visibiliza el gran trabajo que la sociedad realiza en la respuesta al VIH.

Este es el caso de la organización AHF- Colombia que atiende en su sede a refugiados y migrantes procedentes de Venezuela y que, como Iva, no tienen acceso a servicios de salud. Ya viviendo en Colombia, y tras su migración desde Venezuela, en AHF Iva recibe tratamiento, se realiza pruebas de carga viral y su pequeña hija, de apenas 3 meses, recibe leche maternizada.

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Por su parte, el lema del Día Internacional del Migrantes es “Nosotros juntos” lo que convoca a la diversidad y la integración, lo cual incluye a todos los actores posibles en las agendas políticas, para que los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes que viven con VIH se respeten y para que quienes toman las decisiones y las ponen en práctica asuman sus responsabilidades garantizando el acceso a la salud, a sus derechos y al ejercicio de sus capacidades y oportunidades en los países en los que han decidido integrarse.

Trabajo conjunto

Las personas refugiadas y migrantes se enfrentan a vulnerabilidades transversales al VIH y a obstáculos para acceder a la ateción médica que exigen una respuesta transfronteriza e interinstitucional. Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, con el respaldo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA) y otras agencias de las Naciones Unidas, trabajan en los países y en toda la región para abordar estas vulnerabilidades, asegurar el derecho a la salud de los refugiados y migrantes y erradicar la epidemia de VIH.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el Sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia del Sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

CONTACTO

ONUSIDA para América Latina y el Caribe | Eduardo Batista |  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.