César A. Núñez
Director Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe

Este Día Mundial del Sida destaca la importancia del derecho a la salud como condición indispensable para alcanzar el anhelado fin del sida para el 2030, tal y como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. Es el derecho de todas las personas a disfrutar de una salud mental y física de acuerdo a los estándares lo más altos posibles.

Para que se cumpla, es imperativo:

• que todos y todas, sin distinción de raza, sexo, etnia, orientación sexual, identidad de género o estrato social accedan a la prevención y el tratamiento de cualquier enfermedad,
• que la salud sea asequible o gratuita
• y que los servicios de salud sean de calidad y libres de discriminación.

Este derecho además no se refiere solo a medicinas y servicios: está intrínsecamente relacionado con otras importantes garantías, como tener acceso a una educación integral de calidad, a una buena nutrición, vivir libres de violencia y contar con condiciones saludables de trabajo. Al alcanzar el derecho a la salud estamos más cerca de realizar los sueños y las expectativas de todas personas.

América Latina y el Caribe han hecho importantes avances hacia las metas de Acción Acelerada. América Latina está entre las regiones del mundo con las proporciones más altas de personas que viven con VIH que conocen su diagnóstico y en el Caribe, la proporción de personas que viven con VIH que conoce su estado y accede a la terapia ARV, es más del 80%.

Pero debo reconocer que no podemos ser complacientes, cuando todavía existen millones de personas que por el estigma y la discriminación no acceden a servicios de salud, como las personas que viven con VIH, las personas LGTBI, las trabajadoras y trabajadores sexuales, las poblaciones indígenas y las migrantes.

O cuando todavía existen jóvenes y adolescentes que ven negada la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar, porque no reciben la educación que necesitan.

O cuando las mujeres, por las desigualdades y la violencia de género, encuentran barreras que les impide acceder a servicios de salud integrales.

Las inequidades en el acceso a la salud no son aceptables y tienen que ser erradicadas. Los Estados tienen el deber de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos.

El sida no ha terminado, pero podría terminar si nos aseguramos que todos, sin excepciones, en cualquier parte del mundo, pueden ejercer plenamente su derecho a la salud.