20 de abril de 2021

“El sida llegó a mi puerta de manera sorpresiva. Todo comenzó el año 1988 cuando mi pareja, Rafael, empezó a enfermar. En ese momento, ambos teníamos 28 años”, cuenta Georgina Gutiérrez (60), activista por los derechos humanos de personas con VIH en México desde hace más de treinta años.

Hoy es la representante del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento de las personas que viven con VIH privadas de libertad. Además, ella es parte del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas.

“En esos años había estigma y discriminación preocupantes, sabía del VIH sólo a través de la televisión y muchas mujeres - con parejas con VIH- asumían que eran positivas sin haberse hecho nunca la prueba”, rememora la activista.

Su pareja fue privada de libertad en Penitenciaría Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde pasó ocho años. Este período fue para Georgina una oportunidad de conocer la realidad dentro de las cárceles, y fue finalmente esta la experiencia que encaminaría el rumbo de su vida hacía el trabajo con personas que viven con VIH privadas de libertad.

“Las personas que viven en la cárcel son resilientes activistas, pero también muy invisibles ante la sociedad. Recuerdo que, hace muchos años, en modo de protesta quemaban sus colchones, que es su elemento de descanso, sólo para pedir un trato digno para las personas que viven con VIH”, rememora Georgina sobre los inicios del activismo en la penitenciaría.

Acción urgente para salvar vidas

La prevalencia del VIH entre las personas privadas de libertad es mucho más alta que entre la población general, ya que las personas privadas de libertad tienen una media de cinco veces más probabilidades de vivir con el VIH en comparación con los adultos que no lo están.

Como conocedora de la realidad en las cárceles, la líder del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva consideró que la protección de la salud física y mental de las personas con VIH privadas de libertad requería medidas inmediatas y urgentes. Fue así como crearon el proyecto “Responsabilidad y protección compartida, VIH y COVID-19: promoción de medidas de prevención para personas privadas de la libertad con VIH y sida, en la Penitenciaría Varonil Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México”.

Este proyecto fue uno de los ganadores, entre los más de 190 postulantes, de la Convocatoria 2020 de ONUSIDA para Organizaciones de Base Comunitaria que trabajan en VIH en América Latina y el Caribe, en contexto de la COVID-19.

Es así como la acción del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva llegó a 180 privados de libertad. Cada uno de ellos recibió cubre bocas personalizados con sus nombres, lentes de seguridad de prevención para la COVID-19, y fueron parte de una serie de capacitaciones sobre prevención del VIH dentro del centro penitenciario. Se calcula que, dentro de la penitenciaría, se alcanzó a más de 1.100 personas entre funcionarios e internos.

“He podido ver el cambio en los internos. Me han manifestado un sin número de veces que se sienten más seguros con estos implementos, se dan cuenta de que los kits de higiene para prevención de la COVID-19 fueron realizados con un esfuerzo conjunto y potente; que hay personas preocupadas por ellos dentro de esta crisis sanitaria que vivimos”, relata la activista.

Además, cuenta Georgina, ella ha visto con sus propios ojos cómo gracias a estas acciones ellos han incrementado las medidas de higiene y limpieza de sus habitaciones, han implementado el lavado frecuente de manos, de su ropa y enseres personales.

El trabajo por la prevención del VIH es “un compromiso que tengo hasta en la última gota de mi sangre”, sentencia.

“Con estas acciones estamos dando vida a personas olvidadas; todos los elementos que les dimos representan vida, y cuidados. Agradezco a ONUSIDA por financiar este proyecto; con él apoyamos a una población carente en todos los ámbitos”, finaliza Georgina.

El COVID-19 en las cárceles

La Penitenciaría Varonil Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa aloja alrededor de 2000 internos; entre ellos 180 que viven con VIH y algunos en etapas avanzadas de sida. Las personas con VIH están concentradas en el Dormitorio 10, espacio que alberga también a población de la comunidad LGBTIQ+, que son 84 personas aproximadamente.

“En el caso del Dormitorio 10, las personas viven en situación de hacinamiento y nulo distanciamiento físico y su acceso a condiciones de higiene y limpieza es muy reducido. Además, la gran mayoría de ellos no había recibido materiales de protección para el COVID-19, y quienes llegaban a contar con ellos fue gracias a sus familias”, relata Georgina.

“Actualmente la epidemia de COVID-19 representa un peligro y una carga particular en las cárceles. La gran mayoría de ellas están superpobladas, por lo que el distanciamiento físico muchas veces no es una opción”, dice con disgusto Georgina.

En un día cualquiera, aproximadamente 11 millones de personas en todo el mundo están recluidas. El riesgo de violencia sexual entre los reclusos - y su insuficiente acceso a preservativos, lubricantes, profilaxis previa a la exposición y servicios de reducción de daños - aumentan sus posibilidades de contraer el VIH, la hepatitis C y las infecciones de transmisión sexual.

Para ONUSIDA, las personas homosexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, las personas trans, las personas que se inyectan drogas y las personas privadas de libertad son los cinco grupos de población -o poblaciones clave- especialmente vulnerables al VIH, y con frecuencia son quienes carecen de un acceso adecuado a los servicios de salud.