América Latina y el Caribe deben exigir un despliegue más equitativo de la vacuna contra la COVID-19

despliegue equitativo

 

Lea el artículo de opinión de César A. Núñez, Director de la Oficina Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, publicado en el periódico El País.

“Cuando utilizamos tapabocas y nos lavamos las manos, contamos igualmente con que la vacuna contra el SARS-CoV2 será nuestra ruta de escape de esta crisis. Afortunadamente, existen ya vacunas eficaces que están en camino. Toca ahora concretar los demás elementos de este desafío mundial de vacunación. Necesitamos recursos para comprarlas y capacidad para fabricarlas en las cantidades requeridas; logística para transportarlas y sistemas de salud para administrarlas.

También necesitamos un compromiso con la equidad.

No se trata de trivialidades. Ninguna nación estará segura hasta que la cobertura de vacunación en los demás países sea adecuada. Un despliegue desigual plantea el espectro de más mutaciones del virus, más prohibiciones de viaje y más encierros prolongados. Conocemos las terribles consecuencias económicas y emocionales de este limbo. Ese debería ser nuestro incentivo para trabajar juntos por una solución mundial.

Pero a medida que los países más ricos del mundo aceleran su avance, las naciones de ingresos bajos y medianos apenas inician la carrera. Según datos compilados por el Centro Duke para la Innovación en Salud Mundial, en promedio, los países más ricos han ordenado más de tres dosis de vacunas por cada ciudadano, mientras que los países más pobres administran solo una dosis por cada dos personas. La Alianza para una Vacuna Popular (People’s Vaccine Alliance) estima que el 90% de las personas en los países pobres no serán vacunadas este año. Y el Economist Intelligence Unit calculó que, con la tasa actual de despliegue de la vacuna, los países más pobres no volverán a la normalidad hasta enero de 2024.

Como señaló recientemente mi colega Luis Felipe López-Calva, Director Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, en nuestra región hemos tenido un comienzo lento. A fines de enero, Chile era el único país que tenía suficientes vacunas para cubrir potencialmente a toda su población. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá también han iniciado campañas de inmunización contra la COVID-19, pero hasta ahora han inoculado a menos del uno por ciento de su población.

Este mes, COVAX iniciará la primera fase de la entrega de la vacuna a 36 países de esta región. Mediante inversiones conjuntas, este mecanismo de la OMS y GAVI tiene como objetivo cubrir el 20% de la población. Uno de cada tres países de nuestra región depende completamente de esta solución. Sin embargo, debemos vacunar al 70% de las personas en cada país para lograr la inmunidad de rebaño.

Y así, América Latina y el Caribe, la región que fue la primera en el mundo en eliminar el sarampión, la poliomielitis y la rubéola, ahora corre el riesgo de estar en el lado equivocado de la brecha de vacunación contra la COVID-19. Tenemos la experiencia y los sistemas, pero no contamos con un campo de juego equitativo para negociar bilateralmente con las empresas farmacéuticas.

Instamos al mundo a aprender de las lecciones de la respuesta al VIH. Después de quince años de la epidemia del SIDA, el tratamiento finalmente estuvo disponible en 1996. Pero se necesitaron seis años de activismo en torno a los precios de los medicamentos para que los medicamentos estuvieran disponibles en los países más pobres. Durante ese tiempo, millones de personas murieron innecesariamente.

Cuando están en juego vidas y los medios de subsistencia, el lucro de las empresas farmacéuticas no debe prevalecer. ONUSIDA es una de las organizaciones coordinadoras de la Alianza para la Vacuna Popular, una coalición de organizaciones y activistas mundiales y nacionales que hacen campaña para garantizar que la vacuna contra la COVID-19 esté disponible para todas las personas, en todas partes. Invitamos a los gobiernos, la sociedad civil y las personas de los países que quedan rezagados, para que se unan al llamado por una vacuna popular.

Las vacunas contra la COVID-19 deberían ofrecerse a precios asequibles o ser gratuitas. Las dosis disponibles deben asignarse de manera justa. Y no debería haber monopolios en la producción de vacunas y tratamientos. Al recibir financiación para investigación y desarrollo, los institutos de investigación y las empresas farmacéuticas deberían comprometerse a compartir abiertamente la propiedad intelectual. ONUSIDA también aboga por mayores inversiones en el Acelerador de Acceso a Herramientas de COVID-19 (conocido en inglés como ACT-Accelerator), un esfuerzo mundial para desarrollar y distribuir pruebas, tratamientos y vacunas.

Este trabajo ya ha comenzado. Colombia, México y Panamá se comprometieron a financiar este mecanismo. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, junto con el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, propusieron el establecimiento del Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP). La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ha llamado a esta iniciativa "la solución multilateral más importante que tenemos sobre la mesa para desbloquear el suministro", pues garantiza que la mejor ciencia sobre COVID-19 esté disponible como bienes públicos mundiales. Varios países de la región apoyaron también una propuesta de la Organización Mundial del Comercio para renunciar a las protecciones tradicionales sobre la propiedad intelectual sobre COVID-19, permitiendo a los países pobres fabricar versiones asequibles de las vacunas.

Nuestra supervivencia como región y comunidad mundial depende de un programa de vacunas equitativo. COVID-19 no terminará en ninguna parte, a menos que termine en todas partes.

Vea el artículo original en El País.

 

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