Encuesta muestra que muchas personas carecen de tratamiento para el VIH para varios meses en América Latina

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24 de junio de 2020

Una vez que se estableció la cuarentena de COVID-19 en su país, Marisela Mariño (no es su nombre real), una mujer transgénero que vive con VIH, contactó de inmediato a su proveedor de tratamiento, convenciéndole de que le suministrara terapia antirretroviral para por lo menos dos meses.

"Me salvé al tener el número de teléfono de uno de los promotores de salud en la clínica a la que asisto", dijo Mariño. Pero ahora ella, como siete de cada 10 personas que respondieron a una encuesta regional para América Latina sobre las necesidades de las personas que viven con VIH durante la pandemia de COVID-19, no tiene suficientes medicamentos antirretrovirales para una cuarentena de más de 60 días.

De la encuesta en línea, que fue respondida por 2300 personas de 28 países de la región, se observó que a pesar de los esfuerzos de comunicación de las autoridades nacionales de salud y las organizaciones internacionales que lideran la respuesta a COVID-19, el 31% de las personas declararon que no habían recibido suficiente información sobre cómo prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. Más de la mitad, el 56%, expresó que no tienen suficiente equipo de protección personal, mientras que solo el 22% de las personas piensa que las máscaras son una protección útil contra COVID-19.

Claudia Cardenal (no es su nombre real), otra mujer transgénero en la región dice que la oferta de servicios adaptados a la pandemia COVID-19 no se refleja en las opciones para las personas que viven con VIH. La Sra. Cardenal solo tiene tratamiento antirretroviral para un mes más, a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que las personas que viven con VIH deben tener un suministro de al menos tres meses.

La encuesta también muestra que cinco de cada 10 personas tienen dificultades para obtener su tratamiento antirretroviral durante la pandemia y que menos de dos de cada 10 personas recibieron medicamentos antirretrovirales en sus hogares.

Solo a tres de cada 10 personas se les ha ofrecido la opción de telemedicina, y cuatro de cada 10 personas que viven con VIH en América Latina afirman que necesitan apoyo psicológico para abordar la ansiedad generada por la COVID-19.

El estigma y la discriminación continúan siendo una barrera importante para que las personas que viven con VIH tengan pleno acceso a sus derechos. Más de la mitad de las personas encuestadas, el 56%, creen que podrían sufrir violencia física, psicológica o verbal debido a que viven con VIH en medio de la pandemia de COVID-19. El cuarenta por ciento respondió que no sabe a dónde acudir o llamar en caso de sufrir violencia o discriminación por vivir con VIH, y el temor a la discriminación provocó que tres de cada 10 personas se abstuvieran de acceder a los servicios en medio de la cuarentena.

El confinamiento puede aumentar e incentivar el estigma y la discriminación. Por ejemplo, en países que tienen restricciones de género para salir de casa durante la cuarentena, la violencia hacia las personas con una identidad o expresión de género diferente a la que aparece en su identificación oficial puede aumentar.

La pérdida de empleo o la falta de ingresos fue una de las principales preocupaciones en los hallazgos de la encuesta. Las restricciones de movilidad y las cuarentenas obligatorias han privado de sus ingresos a cuatro de cada 10 personas que necesitaban salir de sus hogares para trabajar, dando como resultado que cuatro de cada 10 personas necesitan apoyo nutricional y/o transferencias de efectivo.

A partir de los resultados de la encuesta, está claro que la respuesta a COVID-19 debería considerar las realidades de la vida de las personas y centrarse en eliminar las barreras que enfrentan para protegerse a sí mismas y a sus comunidades.

Los países, los ministerios de salud y los programas nacionales contra el sida deben garantizar el acceso a tres meses o más de terapia antirretroviral para todas las personas que viven con VIH, incluidas las personas refugiadas y migrantes. Además, debe garantizarse la provisión de alimentos y otros servicios de protección social, incluidos refugios temporales para poblaciones clave, personas que viven con VIH y otras personas vulnerables.

La prestación de servicios y apoyo a las poblaciones más afectadas por la violencia, especialmente las mujeres y las niñas, también debe ser una prioridad clave para los gobiernos.

“Esta evidencia ha sido compartida con copatrocinadores, programas nacionales de sida y organizaciones de la sociedad civil. Les exhorto a continuar los esfuerzos para adoptar la dispensación de varios meses de la terapia antirretroviral, las medidas de protección social centradas en poblaciones clave y las personas que viven con VIH y el apoyo a iniciativas de salud mental", dijo César Núñez, Director del Equipo de Apoyo Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe.

 

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